(Artículo que publiqué en ABC el pasado 30 de enero)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, habla de romper las costuras de la Constitución cuando todavía se halla en pleno proceso de remiendo del hundimiento de Spanair. El propio Eliseo Aja, máximo responsable de esa especie de tribunal constitucional a la catalana denominado Consejo de Garantías Estatutarias —el mismo que hace dos años puso objecciones a la ley de consultas populares—, ha advertido de que las normas autonómicas no pueden salirse del hilván constitucional y estatutario por mucha filigrana soberanista que se pretenda bordar. Paralelamente, el gobierno catalán ha cerrado el grifo del dinero que se salía por los descosidos de una compañía aérea con la que se pretendía competir con Barajas.
Más allá del toque nacionalista que la Generalitat da a la mayoría de sus acciones, pretender que el aeropuerto de El Prat sea un auténtico «hub» internacional es una legítima pretensión. Más discutible es que Spanair recibiera subvenciones de un gobierno casi en bancarrota, así como del Ayuntamiento de Barcelona, cuando su agonía era ya «vox populi». O que se haya soportado el chantaje de Ryanair —y las payasadas de su presidente, Michael O'Leary— para dar respiración asistida al infrautilizado aeropuerto de Alguaire y que, finalmente, los esquiadores ingleses se vayan a Andorra a gastar dinero apenas ponen el pie en suelo catalán. Reitero que la Generalitat hace bien en reivindicar su principal aeropuerto, pero conciliar sus necesidades con las del Gobierno español y el libre mercado, hay que reconocerlo, es muy difícil.
Tanto que en aquella famosa reunión en la Moncloa de Mas, entonces en la oposición, y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de CiU renunció a que el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat se incluyera en las negociaciones sobre el Estatuto. Destaco el dato porque, tras el parón que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado a la privatización de Barajas y El Prat, y la crisis de Spanair, el mundo soberanista vuelve a decir que la solución sólo pasa por la participación de la Generalitat en la toma de decisiones aeroportuarias. Si hace seis años, la gestión de El Prat no se consideró prioritaria ¿lo será este jueves, fecha en la que está previsto el primer encuentro entre Mas y el presidente español Mariano Rajoy? Confío en que el tiempo no se escape de nuevo entre costuras constitucionales y pactos fiscales.
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