Desafección judicial

La Justicia siempre ha ido por detrás de la sociedad, principalmente por falta de medios humanos y materiales. Esta administración, sempiterna cenicienta de los poderes públicos, es algo así como el trueno, que siempre suena después del relámpago. Y si antes eran factores externos los que alejaban el mundo judicial del ciudadano, ahora son causas endógenas. Es decir, que nuestros responsables judiciales parecen estar empeñados en acentuar esa desafección a propósito. Que la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, haya asegurado que "no todos los imputados son iguales" en referencia a Iñaki Urdangarín constituye una de las declaraciones más desafortunadas de la historia democrática judicial. En relación a este caso, también hemos sabido que se han abierto diligencias contra el juez instructor para averiguar la procedencia de las filtraciones del sumario, algo que no tiene precedentes. En ambos casos, son los medios de comunicación quienes sufren los daños colaterales de esas dos posturas, que ponen trabas al derecho a informar y ser informado. Pero llueve sobre mojado. La actuación de algunos gabinetes de comunicación más dedicados a limitar ese ejercicio que a facilitarlo, ha provocado un retroceso en la labor de los periodistas especializados en tribunales, quienes comienzan a tener verdaderos problemas para filmar juicios o acceder a fuentes de las que muy a menudo sólo se requiere una aclaración técnica para poder informar con rigor. Que yo recuerde, el número de investigaciones judiciales frustradas por la interferencia de la prensa es ínfimo. En cambio, destaco como hecho más que positivo que, a finales de los noventa, una víctima del llamado violador del Vall d'Hebron identificó a su agresor gracias a las imágenes del juicio que se retransmitieron por televisión.