El caso Artur Mas

Hablo de aquí y ahora, es decir, de la descarada presión del Gobierno del PP sobre la Fiscalía, que debe determinar si el presidente catalán Artur Mas y otros consejeros del Gobierno autonómico han incurrido en delito al impulsar la votación sobre la independencia de Cataluña el pasado 9 de noviembre, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Lo digo porque es muy posible que el PSOE también ejerciera este tipo de "tutela" cuando gobernaba sobre las actuaciones de un ministerio público que se debería despolitizar para que el ciudadano vuelva a confiar en una institución tan básica para un Estado de Derecho como es la Justicia. Los populares han instado a los fiscales a que actúen ya contra el dirigente nacionalista en diversas declaraciones públicas. Desconozco cómo acabará este asunto y quizá finalmente se deduzca que Mas incurrió en desobediencia, pero al igual que un juez puede llegar a ser sancionado por lanzar opiniones personales sobre el "proceso catalán" -recordemos el caso del juez Santiago Vidal, cuyo activismo independentista fue objeto de expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial-, un político debería abstenerse de decirle a la Fiscalía o a los jueces lo que tienen que hacer, e incluso ser multados.