Sin una justicia con garantías no hay democracia. Puede que esa sea una verdad universalmente reconocida, como diría la escritora Jane Austen, pero desgraciadamente, los gobiernos no suelen tener entre sus prioridades la protección jurídica. Y como ocurre en otros ámbitos, es la iniciativa privada la que mueve conciencias. La Brigada Tuitera es un grupo de profesionales que luchan por "una Justicia sin tasas y para todos, independiente y dotada de los medios necesarios para cumplir su función". Han elaborado un manifiesto en el que exponen sus objetivos y son muy activos en las redes sociales. Yo me me he sumado a ellos. De hecho lo hice inconscientemente hace dos años -creo que, por desgracia, sigue vigente-, al publicar un artículo en ABC titulado "La teoría de la selección adversa" que reproduzco a continuación:
"La Justicia catalana ha sido pionera en muchas cosas. En delitos ecológicos, pues envió a la cárcel al primer empresario acusado de verter residuos tóxicos. En juicios rápidos, pues fue en esta comunidad donde se empezaron a instruir causas en quince días. En detenciones por conducción ebria, pues nunca antes un borracho había pasado una noche en el calabozo por conducir bajo los efectos del alcohol. Y también en casos de corrupción. Los años noventa del anterior siglo fueron prolíficos en investigaciones que afectaban a políticos. Y ya entonces se hablaba de conspiraciones y de pactos entre partidos para taparse las vergüenzas. Pero jueces, policías y fiscales continuaron con su trabajo, que se saldó con éxitos -ex consejeros de la Generalitat y dirigentes políticos se sentaron en el banquillo, algunos casos muchos años después-, fracasos -Banca catalana o el caso Casinos se cerraron en falso- y decepciones -aquel juez corrupto, azote de la burguesía y de la casta política, que acabó procesado-. Que esa forma de investigar la corrupción fuera imperfecta no se debía a vacíos legales o a la ausencia de leyes más duras: el problema, entonces y ahora, reside en la falta de medios personales y materiales de una administración, pilar fundamental del Estado de Derecho, que sólo mejora a golpe de titular y que es víctima de una enorme hipocresía social.
Porque ni ayer ni hoy, atentar contra el medio ambiente o conducir ebrio han sido conductas que merecieran un reproche penal, como tampoco son vistos como delitos graves defraudar a Hacienda, el tráfico de influencias o la malversación de caudales, tipos todos ellos que el Código Penal condena con penas elevadas, pero que apenas son castigados en las urnas. La lucha eficaz contra la corrupción no pasa por cumbres políticas, como la que ha convocado para esta semana el presidente Artur Mas, o cambios legales, como los que se han comprometidos impulsar los partidos políticos, sino por dedicar más partidas presupuestarias a la Justicia y reducir la injerencia del poder ejecutivo.
El excesivo intervencionismo de nuestros gobernantes puede dar lugar a lo que en el ámbito económico se conoce como la selección adversa, que se produce cuando el Estado aprueba tantas normas que es incapaz de garantizar su control porque, o bien los inspectores no dan abasto o ellos mismos se vuelven delincuentes. Es decir, que el propio sistema sería el que seleccionaría o generaría a sus corruptos".
